LA MUERTE TIENE UN PRECIO
Padre Tomás Del Valle-Reyes
25 de Septiembre, 2011
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Hace unos días fue ejecutado en Georgia
Troy Davis,
un ciudadano afroamericano quien, hasta el último minuto de su vida, se declaró inocente del
asesinato que se le atribuía.
Una vez más surgió la polémica en el país sobre la conveniencia,
eficacia y moralidad de la pena de muerte.
Y, dado que nos encontramos en una situación global de crisis
económica, lo que no se ha logrado por motivos morales o religiosos, puede que se logre
por motivos económicos, la abolición de una vez por todas de la pena
capital.
Según datos aportados por el Centro de
Información para la Pena de Muerte (DPIC) las ejecuciones
han decrecido en un 50 % desde 1999.
Con datos recopilados por este Centro, se espera que para finales de este siglo,
se rechace en la Unión Americana
este castigo propio de dictaduras y países subdesarrollados.
Es legal en 36 Estados y ha sido
abolido en 14.
Las cifras muestran que Estados Unidos es, junto
con Arabia Saudí, China, Irán y Yemen uno de los países que más personas
somete a la pena capital anualmente.
La pena de muerte tiene sus cifras: 
en Texas se han
ejecutado legalmente a 474 personas desde
que la pena capital fue reinstaurada por el Tribunal Supremo
de la nación en 1976.
Texas le siguen Virginia
con 109 y Oklahoma con 96. Cifras que indican que
un 42% de las personas que
esperan su turno en el corredor de la muerte son afroamericanas;
un 44% son blancos; un 12% son hispanos y un
2% pertenecen a otras razas. El
Estado con el mayor número de condenados esperando la ejecución
es California, con 607.
Hay datos para la esperanza. Desde 2005 no se ejecuta
a jóvenes por orden del Tribunal Supremo. Desde 2002 tampoco se puede ejecutar
a personas con discapacidades o enfermedades mentales.
Desde el año 1976 sólo se ha acabado con
la vida de 12 mujeres.
La pena de muerte, además de salvaje, es cara. Cada ejecución le cuesta al Estado
de Carolina de Norte más de dos millones de
dólares. En Texas, la cifra es muy similar y supone tres veces el coste
de tener a alguien encerrado en una cárcel de máxima seguridad durante 40 años.
En Florida, mantener en pie el mortal sistema asciende a 51 millones al año, lo que
supone que de las 44 ejecuciones que
se han llevado a cabo en ese Estado desde 1976 han
costado $2,244 millones.
En muchos Estados se han paralizado, de momento, las ejecuciones debido a la escasez
de los medicamentos que se utilizan para la ejecución.
El Supremo de California tiene bloqueadas las ejecuciones debido a la escasez del anestésico
que se utiliza para dormir al reo antes de que se le induzca un coma rápido y se le produzca
una parada cardiorrespiratoria que acabe con su vida.
En
Kentucky ocurre igual.
En Arizona tuvieron que importar pentotal sodio desde el Reino Unido para poder llevar a
cabo las ejecuciones. Se habla de que el único laboratorio que produce en USA el Pentotal
asegura tener problemas de producción.
Lo que, aparentemente, se esconde detrás de la decisión de la compañía es el
rechazo a que un sedante con fines médicos -se vende a las prisiones para operaciones
quirúrgicas- sea usado para causar la muerte a alguien.